Por estos días, Colombia está enfrentándose a un gran reto, y es poder generar políticas que le permitan proteger a la población de un contagio masivo y además, brindar medidas de apoyo sociales y económicas a la población más vulnerable. Sin embargo, una de las grandes incógnitas que puede afrontar el gobierno es reconocer cual es la población que más podría verse afectada económicamente con el coronavirus.
Los efectos de medidas como aislamiento y el #QuedateEnCasa para la prevención del COVID-19, generan efectos diferenciales sobre los trabajadores, donde los trabajadores informales (aprox 13 millones) además de no acceder al teletrabajo, adolecen de mecanismos de aseguramiento en caso de incapacidad por contagio de la enfermedad.
En materia jurídica, las medidas de suspensión y revisión del contrato de trabajo deben ser evaluadas en el marco del principio protector para preferir las alternativas de realización de los postulados de estabilidad laboral y continuidad del ingreso adoptando medidas en el marco del diálogo social y un fuerte control de la autoridad administrativa-laboral.
La licencia no remunerada como causal de suspensión del contrato de trabajo requiere aquiescencia del trabajador cuya utilización en períodos de crisis debe suponer el especial y preferente control de la autoridad administrativa laboral en desarrollo del principio protector que inspira el ordenamiento laboral.
La figura de la revisión del contrato de trabajo, utilizada en periodos de crisis económica, debe ser matizada por la inclusión de cláusulas de reserva sindical y control preferente del Ministerio del Trabajo que aseguren el estudio de medidas alternativas y la selección de las alternativas que realicen en la mayor medida el mínimo de derechos y garantías prometido en el ordenamiento laboral.
Resulta deseable que las medidas para afrontar la pandemia y las medidas económicas, sociales y ecológicas para mitigar sus efectos del COVID-19 estén mediadas por consultas tripartitas en el marco del diálogo social, incluyendo enfoque diferencial para la protección de las personas con discapacidad y sus cuidadores.
La pandemia y las medidas para mitigar su propagación afectan un grupo importante de ocupados, bien sea porque se reduce su capacidad de generar ingreso o porque no cuenta con mecanismos de protección ante una incapacidad. En total se estima que más de 14 millones de trabajadores se verían afectados por estas causas.
Los hogares que ven afectados sus ingresos no cuentan con otras fuentes de ingreso. Un total de 2.5 millones de hogares reciben transferencias que permiten mitigar el impacto, aunque no mantener sus nivel de consumo.
Es necesario activar mecanismos de protección orientados a garantizar el bienestar de los hogares. En este sentido, la focalización a través de instrumentos como Familias en acción y Colombia Mayor son cruciales, ya que su ampliación -por un tiempo limitado- tiene alcance importante a hogares vulnerables, como aquellos cuya generación de ingresos depende del trabajo informal.
Entre los hogares que pueden considerarse más afectados por el COVID-19, existe un porcentaje importante que paga arriendo. Con el objetivo de garantizar el bienestar de estos hogares, es importante activar alternativas que alivien la presión de gastos.
Autores:
Iván Daniel Jaramillo (Universidad del Rosario)
Diana Londoño(Universidad del Rosario)
Paul Rodriguez(Universidad del Rosario)
Andrés García-Suaza (Universidad EIA)
Agradecemos a Sofía Casabianca por su colaboración con la infografía
